
... Y la trampa de bajar los impuestos.
El pasado martes 29 de septiembre, el Gobierno de España elevó al Congreso de los Diputados el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2010 .
Estos presupuestos incluyen un aumento en el gravamen de las rentas de ahorro del IRPF, la eliminación de la deducción de los 400 euros, y el aumento de los tipos general y reducido del IVA.
Todas ellas, medidas que no entrarían en vigor hasta julio de 2010, momento en que, según el gobierno, la recuperación económica estará más avanzada, y el aumento impositivo no tendrá un efecto significativo sobre el consumo.
La derecha critica estos presupuestos y la pretendida subida impositiva. Considera que los impuestos deben reducirse, al igual que el gasto público, para incentivar el consumo y la inversión privada.
La primera pregunta que surge es si se deben aumentar los recursos del estado vía tributaria, para financiar más gasto público, o recortar gastos para no aumentar la presión fiscal.
¿Qué política fiscal se debe aplicar?
Debemos recordar que la crisis financiera ha supuesto una fuerte caída del consumo y la inversión como consecuencia de la restricción del crédito por parte de las entidades financieras. Para contrarrestar estos efectos, el estado está obligado a tomar medidas que consigan mantener los niveles de consumo e inversión y estabilizar la demanda agregada. Recordemos que la demanda agregada es la suma del consumo y la inversión privada, el gasto público y el saldo de la balanza comercial (exportaciones – importaciones).
Para conseguir mantener la demanda, ante la caída del consumo, de la inversión pública y del saldo comercial, existen dos opciones de política fiscal expansiva que tienen efectos muy distintos:
1.- Podemos aumentar el gasto público, lo que exige disponer de más recursos en un momento en el que los ingresos del estado se han reducido ante el menor consumo y renta.
2.- O recortar los impuestos para incentivar el consumo y la inversión, lo que implica reducir la inversión del estado y el nivel de servicios públicos, a no ser que se recurra por deuda pública para nivelar la menor recaudación tributaria.
Elegir entre estas dos opciones supone decidir si mantenemos, aumentamos o disminuimos el gasto público del estado. Pero… ¿qué aporta el gasto público en una situación económica como la actual?
Gasto público como generador de expectativas.
Una de las lecciones que nos deja la crisis financiera es que los sistemas de protección social son, por sí mismos, un elemento de confianza, seguridad y certidumbre para el ciudadano, y contribuye a estabilizar la demanda agregada en momentos de dificultades económicas.
El ciudadano tendrá una mayor confianza y seguridad en el futuro si, a pesar de la situación económica, tiene la seguridad de que se mantendrá su cobertura sanitaria, la educación de sus hijos y una prestación por desempleo capaz de garantizarle un nivel de rentas mínimo aunque pierda su empleo.
Estas garantías aumentan las expectativas del ciudadano y le permiten afrontar el futuro con mayor confianza, proporcionándole una mayor propensión al consumo y a la inversión. Ese mayor consumo e inversión impulsará la demanda agregada y la renta del país, permitiendo una salida más rápida y sólida de la crisis
Si careciera de estos derechos, o viera peligrar su sanidad, la educación de sus hijos o sus ingresos futuros, esto le supondría una enorme inseguridad e incertidumbre ante el futuro, sus expectativas serían peores y tendría una conducta económica muy proteccionista ante cualquier percepción de que la coyuntura económica pueda empeorar.
Por ese motivo, la crisis afecta en mayor medida a aquellas regiones con sistemas de protección social más débiles, pues el individuo tiene una mayor incertidumbre ante el futuro.
Vemos por tanto que es necesario reforzar los servicios públicos para mejorar las expectativas de las economías domésticas (familias). Pero… ¿cómo financiarlo?
La deuda pública, otra opción
¿Tiene más opciones el gobierno para aumentar los ingresos del estado y financiar el gasto que recurrir al aumento tributario?
Los ingresos del estado proceden de varias fuentes, la principal son los impuestos y cotizaciones sociales, pero también existen otras vías de financiación como las tasas y precios públicos; transferencias corrientes procedentes de organismos públicos, comunidades autónomas o la Unión Europea; ingresos patrimoniales de intereses de préstamos concedidos, depósitos o de la devolución de préstamos; enajenación de elementos de propiedad estatal; transferencias de capital; y de activos financieros.
Evidentemente la mayor capacidad para aumentar los ingresos es la vía impositiva, pero también existe otra alternativa muy utilizada por los gobiernos: la deuda pública. Consiste en cubrir la diferencia entre los gastos e ingresos del estado mediante la emisión de deuda del estado. El estado emite deuda pública en el mercado a cambio de unos tipos de emisión que deberá abonar a su nuevo titular en pagos periódicos. Pero la emisión de deuda tiene sus límites.
Encarecimiento de la Deuda Pública.
El aumento de la deuda del estado implica un mayor riesgo para el titular que adquiere la deuda, debido a que el estado tendrá una mayor dificultad para pagarla a medida que esta aumenta al incrementarse la partida de pago de intereses. Ese riesgo debe ser nivelado con un tipo de emisión más alto que encarece a su vez el coste de la deuda para el estado. El nuevo titular de la deuda sólo está dispuesto a asumir un mayor riesgo a cambio de una mayor rentabilidad.
España tiene actualmente una deuda pública 20 puntos inferior a la media de la Unión Europea, por lo que aún cuenta con margen de endeudamiento.
Pacto de estabilidad de la Unión Europea
Existe otro límite. La Unión Europea exige para la transferencia de los fondos de cohesión que el déficit público sea inferior al 3%. El déficit actual es del 5,4%, pero España tiene hasta el 2012 para volver a reducirlo hasta el 3%,
Estos dos motivos, el encarecimiento de la emisión de deuda, y el pacto de estabilidad de la UE, desaconsejan seguir recurriendo a deuda pública. Por lo tanto, para aumentar el gasto público es necesario aumentar los impuestos. ¿Qué pasaría si optamos por reducir el gaso público como reclama la derecha?
Nada de gasto público, el dinero al bolsillo del contribuyente.
La derecha afirma que la confianza que ofrece el estado a través del gasto público se genera dando mayor capacidad de pago al ciudadano, es decir bajando impuestos. Afirman que el dinero se encuentra mejor en las manos del ciudadano que en las del estado.
Sin embargo, en una situación de crisis, el ciudadano tiene una alta aversión al riesgo que le lleva a ser mucho más cuidadoso y conservador en las decisiones de consumo e inversión, ante un futuro incierto. Prefiere ahorrar ante el temor de lo que pueda venir y decide reducir el consumo y la inversión. En la terminología económica se dice que tiene una propensión marginal al ahorro mucho más alta que al consumo. El estado, por el contrario, tiene una mayor propensión al consumo y a la inversión que al ahorro.
Eso nos lleva a la conclusión de que bajar los impuestos supondrá, para la economía del país, sacrificar una parte de la capacidad del consumo e inversión y destinarla al ahorro, pues el temor del ciudadano ante el futuro le hará ahorrar más y consumir menos, es decir asumir el mínimo riesgo. Y esto ralentizaría la capacidad de recuperación de la economía.
Sin embargo, aumentar los impuestos nos permite destinar a consumo e inversión parte de la renta que el contribuyente destinaría a ahorro, con lo que incentivamos la recuperación económica al aumentar la demanda agregada y con esta la renta y el empleo.
Hemos visto que es necesario aumentar el gasto y que la vía de financiación más adecuada es la tributaria, pues nos permite fomentar el consumo y la inversión del país. Pero… a quién subir los impuestos y qué impuestos.
¿Por qué el aumento de impuestos debe gravar a las rentas altas?
La respuesta viene ligada al planteamiento anterior. En una situación de crisis… ¿quién destina más parte de su renta al ahorro y, por lo tanto, sobre quien debe incidir en mayor medida el aumento de impuestos? Evidentemente sobre los ciudadanos con rentas más altas, pues las ciudadanos con rentas más bajas destinan prácticamente la totalidad de su renta al consumo. Por ello, si retraemos esa parte de renta que destinan al ahorro las rentas altas, y la destinamos a través del gasto público al consumo e inversión, estimulamos e impulsamos el crecimiento de la renta del país.
Por el contrario, si aumentamos los impuestos a aquellos individuos que tienen rentas más bajas, que ya destinan todo su dinero al consumo, y lo destinamos igualmente a consumo o inversión, no tendría ningún efecto sobre la renta nacional, tan sólo sobre los ingresos del estado.
Me mantengo al margen de los efectos redistributivos de los impuestos, aunque no debemos olvidar que el objetivo de los impuestos es lograr una mayor redistribución de la renta.
¿Qué impuestos subir?
Como es evidente, lo lógico es aumentar el gravamen de las rentas de ahorro. Así lo plantea el gobierno, al incrementar la tributación de estas rentas en el IRPF.
IRPF
Se establecen dos tramos para las rentas del ahorro en el impuesto. El primer tramo corresponde a los primeros 6.000 euros del contribuyente, que pasarán de tributar un 18% al 19%. Y el segundo tramo corresponde a las rentas superiores a 6.000 euros, que pasarán de un gravamen del 18% al 21%. Esto supone aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta y que paguen más las rentas más altas. Debemos tener en cuenta que el 94% de los contribuyentes, según datos del Ministerio de Hacienda, obtienen rendimientos del ahorro inferiores a 6.000 euros.
Deducción 400 euros
Por otro lado se elimina la deducción de los 400 euros del IRPF, que se aplicó el pasado año para disminuir el efecto de la alta inflación sobre la capacidad de consumo de las familias españolas. Ante un nuevo escenario económico marcado por el descenso de precios, carece de todo sentido económico mantener esta deducción.
Por la eliminación de esta deducción se dice que el incremento impositivo recae sobre los trabajadores y las rentas medias. Como vemos, ese argumento tiene trampa.
IVA
El otro impuesto cuyo tipo se incrementa es el IVA. En el IVA existen tres grupos de bienes y prestaciones de servicios que tributan a tipos diferentes, en función de la necesidad que los ciudadanos tienen sobre esos bienes y servicios. Así, para los que tributan al tipo superreducido (pan, leche, frutas, verduras, legumbres, hortalizas etc) el tipo de gravamen se mantiene en el 4% sin que haya ninguna subida. Los que tributan al tipo reducido del 7% (alimentos que no tributan al tipo superreducido, vivienda, servicios de hostelería, obras de albañilería en vivienda, o entrada a espectáculos y servicios culturales) se aumenta la tributación un punto, hasta el 8%. Y el resto de bienes y servicios se incrementa la tributación en 2 puntos, pasando del 16% al 18%.
¿Porqué gravar el consumo?
Podríamos pensar que atendiendo al razonamiento que hacía más arriba, lo aconsejable es gravar las rentas del ahorro y mantener constante la tributación sobre el consumo, es decir el IVA. Sin embargo si gravamos excesivamente las rentas del ahorro podríamos sufrir una fuga de capital hacia otros países, que supondría un alto riesgo en estos momentos. Por eso lo aconsejable es un aumento de los impuestos mixto, consumo y ahorro, aunque manteniendo un gravamen mayor al ahorro que al consumo, tal y como se pretende hacer.
Sobre este aspecto debemos destacar que España es el país de la Unión Europea donde la imposición sobre el consumo tiene el menor peso. Así lo confirmó el pasado mes de Junio el informe “Tendencias de la Fiscalidad en la UE”, elaborado por Eurostat (organismo de estadística de la comunidad europea), por lo que España es el país con mayor margen para aumentar la tributación al consumo.
Además, el incremento de los tipos general y reducido del IVA se produce en un momento marcado por el descenso de precios. Según los últimos datos del INE el IPC ha disminuido un 1% en el último año, por lo que el incremento de gravamen del IVA sobre el consumo tendrá un efecto mucho menor que en un momento de inflación.
Una medida razonable y necesaria
Las medidas planteadas por el gobierno son razonables en una situación como la actual, ante la necesidad de reducir el déficit público en los próximos años. El aumento tributario contribuirá a mantener los servicios sociales y las prestaciones públicas, imprescindible para aumentar las expectativas del ciudadano y acelerar el proceso de recuperación económica.